Golpe de estado 1981

Golpe de Estado en España de 1981

El fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, también conocido como 23-F, fue un intento de golpe de estado perpetrado por algunos mandos militares, siendo la parte más representativa el asalto al Congreso de los Diputados por un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, durante la votación del candidato a la Presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, de la UCD.
Antecedentes
El golpe de estado de 1981 se encuentra estrechamente relacionado con los acontecimientos vividos durante la Transición española. Cuatro elementos generan una tensión permanente, que el gobierno de UCD no va a lograr contener: los problemas derivados de la crisis económica, las dificultades para articular una nueva organización territorial del Estado, las acciones terroristas protagonizadas por ETA y la resistencia de ciertos sectores del ejército a aceptar un sistema democrático.
Los primeros síntomas de malestar en el ejército tienen lugar en abril de 1977, cuando con motivo de la legalización del PCE, el día 9 de ese mismo mes, Sábado Santo, dimite el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina y el Consejo Superior del ejército emite una nota en la que manifiesta su disconformidad con dicha legalización, aunque la acate. En noviembre de 1978 tiene lugar la desarticulación de la Operación Galaxia, una intentona golpista, por la cual su principal responsable, Antonio Tejero, será condenado a siete meses de prisión.
Mientras crece la voluntad golpista en sectores del ejército y de la extrema derecha, el gobierno progresa en el inicio de la década hacia una profunda crisis, que durante 1980 se volverá cada vez más insostenible. Entre los principales acontecimientos destacan la dimisión del ministro de Cultura, Manuel Clavero el 15 de enero, la remodelación del gobierno el 3 de mayo, la moción de censura presentada contra Adolfo Suárez por parte del PSOE los días 28-30 de mayo, la dimisión el 22 de julio del vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril Martorell, que produce una nueva remodelación en septiembre, y la elección en octubre de Miguel Herrero Rodríguez de Miñón, candidato alternativo a la propuesta oficial de presidente del grupo parlamentario centrista promovida por Suárez.
La debilidad creciente de Suárez en el seno de su propio partido, propicia la presentación de su dimisión como presidente del Gobierno y de UCD el 29 de enero de 1981, en una intervención televisiva, tras la cual, los acontecimientos van a precipitarse. El 1 de febrero, el Colectivo "Almendros" publica en El Alcázar un artículo claramente golpista; del 2 al 4 de febrero, los reyes viajan al País Vasco, donde los diputados de Herri Batasuna les reciben con un fuerte abucheo y varios incidentes, y el 6 de febrero aparece asesinado el ingeniero de la central nuclear de Lemóniz, José María Ryan, secuestrado unos días antes, mientras se sigue sin noticias de otro industrial secuestrado, Luís Suñer.
En medio de este tenso clima, se ponen en marcha los procesos de sustitución de Suárez. Entre los días 6 y 9 de febrero tiene también lugar el II Congreso de UCD en Mallorca, donde el partido aparece descompuesto y es nombrado como presidente en funciones Agustín Rodríguez Sahagún, y el día 10, Leopoldo Calvo-Sotelo es nombrado candidato a presidente del Gobierno.
Las tensiones fueron a más cuando el día 13 de febrero, se daba la noticia de la muerte en Carabanchel del presunto militante etarra Jose Ignacio Arregui, víctima de las torturas infligidas en la Dirección General de Seguridad. Ello dio lugar a una huelga general en el País Vasco y en el Congreso a un áspero debate entre los grupos parlamentarios. El gobierno destituyó como consecuencia a varios dirigentes policiales, mientras que en el ministerio del Interior se producían dimisiones en solidaridad con los torturadores y el Alcázar juzgaba la acción gubernamental como una muestra de debilidad que debía ser atajada.
En este enrarecido escenario, el día 18, Calvo-Sotelo presentaba su gobierno, pero en la votación del día 20 no obtuvo la mayoría necesaria para la investidura, por lo que debía producirse una nueva votación el día 23, día que elegirían los golpistas para su tentativa de golpe de Estado. Una tentativa en la que iban confluir las voluntades de un golpe duro, promovido por el capitán general Jaime Milans del Bosch y uno blando promovido por el general Alfonso Armada, hombre de confianza del rey.
El golpe
En el golpe del día 23 coinciden las distintas tramas golpistas que operaban desde el inicio de la transición, mediante una acción coordinada.
A las seis en punto de la tarde empieza la votación nominal para la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como Presidente del Gobierno de España.
A las 18:21 horas, cuando iba a emitir su voto el diputado socialista Juan Manuel Núñez Encabo, un grupo de guardias civiles, metralleta en mano, irrumpe en el hemiciclo del Congreso de los Diputados encabezados por el teniente coronel Antonio Tejero. Este, desde la tribuna, gritó "¡Quieto todo el mundo!" y dio orden de que todos se tirasen al suelo.
Instintivamente, como el militar de más alta graduación allí presente y como vicepresidente del gobierno, el general Gutiérrez Mellado se levantó y, dirigiéndose al teniente coronel Tejero, increpó a los asaltantes, pidiendo explicaciones y ordenándoles que depusieran las armas. Tras un brevísimo forcejeo y para reafirmar su orden, Tejero efectúa un disparo que es seguido por unas ráfagas de los subfusiles de los asaltantes. El diputado Carrillo permanece en su asiento, el Presidente Suárez intenta ayudar a Gutiérrez Mellado y el resto de los Diputados obedecen la orden de Tejero.
Pedro Francisco Martín, operador de Televisión Española, grabó casi media hora del momento, aportando al mundo un documento audiovisual de valor incalculable sobre la tentativa de golpe de Estado. Con la toma del hemiciclo y el secuestro de los poderes ejecutivo y legislativo, se intentaba conseguir el llamado "vacío de poder", sobre el cual se pretendía generar un nuevo poder político. Más tarde, cuatro de los diputados fueron separados del resto: el aún Presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González, el líder de la oposición, Felipe González Márquez, el segundo en la lista del PSOE, Alfonso Guerra, y el líder del Partido Comunista de España, Santiago Carrillo.
Poco después y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el Capitán General de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch, quien sacó algunas compañias de carros de combate a la calle, desde el puerto de Valencia hasta el centro de la ciudad, donde apuntaban a los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o las Cortes valencianas. Declaró el Estado de excepción e intentó convencer a otros militares de secundar la acción. A las nueve de la noche, un comunicado del Ministerio del Interior informaba de la constitución de un gobierno provisional con subsecretarios de diferentes instancias ministeriales, presidido por Francisco Laína, para asegurar la gobernación del Estado y en estrecho contacto con la Junta de Jefes del Estado Mayor. Entretanto, otro general golpista, Torres Rojas, fracasaba en su intento de suplantar en el mando de la División Acorazada Brunete al general Juste, jefe de la misma, abortándose la pretensión de ocupar los puntos estratégicos de la capital, entre ellos la sede de Radio y Televisión, y la difusión de un comunicado relatando el éxito del golpe.
La negativa del Rey a apoyar el golpe permitió abortarlo a lo largo de la noche. El propio monarca se aseguró mediante gestiones personales y de sus colaboradores la fidelidad de los mandos militares. También destacó la actitud del presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, quien poco antes de las diez de la noche transmitía a toda España por las emisoras de Radio Nacional y Radio Exterior una alocución donde llamaba a la tranquilidad. Hasta la una de la noche tuvieron lugar gestiones desde el Hotel Palace, en los alrededores del Congreso, lugar elegido como centro de operaciones por el general Aramburu Topete, entonces Director General de la Guardia Civil y el general Sáenz de Santa María, a su vez Director General de la Policía Nacional. Por allí también deambuló el general Alfonso Armada, parte del plan golpista, quien pretendía sibilinamente, simulando negociar con los asaltantes, proponerse como solución de compromiso. Su secreto plan de golpe emulando al general francés De Gaulle, fracasa al negarse Tejero a que presidiera un gobierno del que también formarían parte socialistas y comunistas. Más tarde, descubiertos sus planes, sería relevado de su puesto de 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército por su implicación en la trama golpista.
Sobre la una de la madrugada del día 24 de febrero, el Rey intervino en televisión, vestido con uniforme de Capitán General de los Ejércitos para situarse contra los golpistas, defender la Constitución española y desautorizar a Milans del Bosch. A partir de ese momento el golpe se da por fracasado. A la medianoche, Alfonso Armada se presentó en el Congreso con un doble objetivo: convencer al teniente coronel Tejero que depusiera su actitud y asumir él mismo el papel de jefe del Gobierno a las órdenes del rey, en actitud claramente anticonstitucional. Pero Armada no era la "autoridad competente" esperada y Tejero lo despachó violentamente. Por su parte, Milans del Bosch, aislado, canceló sus planes a las cinco de la mañana y fue arrestado, mientras que Tejero resistió hasta el mediodía del 24. Sería, sin embargo, durante la mañana del día 24 cuando los diputados serían liberados.
Reacciones internacionales
Nada más producirse el asalto al Congreso, el golpe fue condenado con toda dureza por los países de la Comunidad Económica Europea, con quienes España estaba negociando una adhesión que se produciría finalmente en 1986. De entre todos los estados miembros conviene destacar por su energía la protesta del Reino Unido y especialmente la entonces Primera Ministra, Margaret Thatcher, que calificó la sublevación militar como "un acto terrorista".
Por su parte, Estados Unidos se mantuvo oficialmente neutral en cuanto al proceso, aunque existen diversos indicios que parecen indicar que la administración Reagan estaba enterada del mismo con antelación gracias a los informes de la CIA. Entre las actitudes sospechosas que protagonizó EE.UU. están el recibimiento de futuros militares golpistas españoles en Washington en 1980, el incremento de los movimientos norteamericanos en el Estrecho de Gibraltar en los días previos y el estado de alerta decretado en la base aérea de Torrejón de Ardoz desde el domingo anterior al golpe. El propio Tejero, sentado en el banquillo de los acusados durante el juicio que siguió al golpe, afirmó sin reparos que "tanto el gobierno de EE.UU. como el Vaticano habían sido sondeados por el general Armada". Tras la entrada de Tejero en el Hemiciclo, el Secretario de Estado norteamericano, el General Alexander Haig, se limitó a decir que "El asalto al Congreso de los Diputados es un asunto interno de los españoles", lo que le valió severas críticas internacionales; una vez fracasado el golpe cambió sus declaraciones por un sorprendente "Tenemos que congratularnos de que en España haya triunfado la democracia". Por su parte, el Vaticano se encontraba reunido el día 23 en una Asamblea Episcopal, por lo que no realizó declaraciones hasta el día 24, cuando condenó el golpe ya fracasado.
El juicio y las consecuencias del golpe
Tras el golpe quedaron algunos interrogantes, especialmente referidos al papel que jugó cada uno de los principales golpistas y especialmente a las intenciones y apoyos de Armada. Las consecuencias más destacadas fueron el inicio de un proceso de involución autonómica con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), posteriormente declarada inconstitucional, y que la monarquía salió poderosamente reforzada entre la población y los medios políticos.
En el juicio seguido con posterioridad ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, conocido como el Juicio de Campamento fueron condenados a 30 años de reclusión, como principales responsables del golpe de Estado, Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero Molina.
La trama civil del golpe nunca fue investigada de modo riguroso, siendo el único civil condenado el ex dirigente de los Sindicatos Verticales franquistas Juan García Carrés.
Asímismo, no ha sido suficientemente aclarado el papel desempeñado por el comandante del entonces denominado CESID, José Luis Cortina, absuelto en el juicio por falta de pruebas, si bien el capitán Gómez Iglesias un subordinado suyo fue condenado por organizar la llegada de los guardias civiles asaltantes al congreso utilizando vehiculos, placas de matricula falsas y equipos de transmisiones pertenecientes a la escuela de agentes operativos del CESID.
Así mismo, el general Carlos Alvarado confesó tras la prescripción de los delitos juzgados por el 23-F su participación en el intento de golpe de Estado.
Los 30 condenados en el juicio fueron los siguientes:
Miembros de las Fuerzas Armadas
1. Jaime Milans del Bosch y Ussía. Teniente General y Capitán General de la III Región Militar. Condenado a 30 años.
2. Alfonso Armada y Comyn. General de División y 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Condenado a 30 años.
3. Luis Torres Rojas. General de División y Gobernador Militar de La Coruña. Condenado a 6 años, ampliada 12 por el Tribunal Supremo (TS), indultado en 1988.
4. Diego Ibáñez Inglés. Coronel de Ingenieros y 2º Jefe de Estado Mayor de la III Región Militar. Condenado a 5 años, ampliada a 10 por el TS.
5. José Ignacio San Martín López. Coronel de Artillería y Jefe de Estado Mayor de la División Acorazada Brunete. Condenado a 6 años, ampliada a 10 por el TS.
6. Pedro Mas Oliver. Teniente Coronel de Infantería. Condenado a 6 años.
7. Camilo Menéndez Vives. Capitán de Navío de la Armada. Condenado a 1 año.
8. Ricardo Pardo Zancada. Comandante de Infantería. Condenado a 6 años, ampliada a 12 por el TS, indultado en 1989.
9. Carlos Alvárez-Arenas y Pardina. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
10. José Pascual Gálvez. Capitán de Infantería. 3 años de suspensión de empleo.
11. Francisco Dusmet García-Figueras. Capitán de Infantería. 2 años de suspensión de empleo.
12. José Cid Fortea. Capitán de Intendencia. 2 años de suspensión de empleo.
Miembros de la Guardia Civil
1. Miguel Manchado García. Coronel. Condenado a 6 años, ampliada a 8 por el TS.
2. Antonio Tejero Molina. Teniente Coronel. Condenado a 30 años.
3. Vicente Gómez Iglesias. Capitán. Condenado a 6 años.
4. Jesús Muñecas Aguilar. Capitán. Condenado a 5 años.
5. José Luis Abad Gutiérrez. Capitán. Condenado a 5 años.
6. Enrique Bobis González. Capitán. Condenado a 3 años.
7. Francisco Acera Martín. Capitán. Condenado a 3 años.
8. Carlos Lázaro Corthay. Capitán. 3 años de suspensión de empleo.
9. Juan Pérez de la Lastra. Capitán. 3 años de suspensión de empleo.
10. César Alvárez Fernández. Teniente. Condenado a 1 año.
11. Pedro Izquierdo Sánchez. Teniente. Condenado a 1 año.
12. Vicente Ramos Rueda. Teniente. Condenado a 1 año.
13. Santiago Vecino Núñez. Teniente. Condenado a 1 año.
14. Miguel Boza Carranco. Teniente. Condenado a 1 año.
15. Jesús Alonso Hernaiz. Teniente. Condenado a 1 año.
16. José Núñez Ruano. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.
17. Vicente Carricondo Sánchez. Teniente. 1 año de suspensión de empleo.
Civiles
1. Juan García Carrés. ex dirigente de los Sindicatos Verticales franquistas. Condenado a 2 años.